La práctica jurídica

Moratoria de la deuda hipotecaria

Mon, 06 Apr 2020 13:53:07 GMT

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Una medida muy esperada por muchas familias, pero que, desgraciadamente, muy pocas se van a beneficiar de ella. Como siempre, los excesivos requisitos para solicitarla suponen per se un indudable filtro para que solo unos pocos “privilegiados” puedan materializar esa ayuda.

¿Qué es la moratoria hipotecaria?

Se trata de la suspensión de los pagos , en principio, durante el plazo de 3 meses (ampliables mediante Acuerdo del Consejo de Ministros). Ello significa que las cuotas suspendidas no se liquidarán una vez finalizada la suspensión, sino que, todos los pagos futuros deberán posponerse durante el tiempo que haya durado la misma.

¿Qué tipo de préstamos quedarían incluidos?

Afecta a los préstamos y créditos hipotecarios de deudores en situación de vulnerabilidad económica, destinados a la adquisición de:

Vivienda habitual.
Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales.
Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler, cuando el propietario persona física haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del estado de alarma.

Las mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

¿Cuáles son los requisitos?

Para que el deudor hipotecario pueda acogerse a la misma, debe cumplir con todos estos requisitos:

Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.
Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM).
Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 % de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

¡Cuán importante es recibir una ayuda a tiempo!

Pues bien, en cuanto a los prenombrados condicionantes, nos referiremos brevemente al de pérdida sustancial de ingresos o caída sustancial de venta s. El problema surge con la tramitación de los ERTEs presentados por las empresas y también de los ceses de actividad planteados por los trabajadores autónomos. La avalancha de cientos de miles de expedientes colapsó el sistema. Teóricamente un ERTE debe resolverse en el plazo máximo de 5 días hábiles, sin embargo, la práctica es bien distinta. Por ello, sin la aprobación del ERTE, no puede acreditarse la situación de desempleo. Lo mismo sucede con los ceses de actividad de los trabajadores autónomos, la tardanza en la resolución de dichos expedientes está atrasando excesivamente el reconocimiento de esta medida urgente diseñada por el gobierno para paliar los efectos del coronavirus durante el estado de alarma.

Es más, la solicitud de cualquier otro tipo de ayuda (prestación por desempleo o por cese de actividad, ayudas al alquiler, garantía de suministros, etc.) tiene como denominador común la acreditación de la pérdida de ingresos . Ello significa que, sin el respaldo documental de tal extremo y, evidentemente, sin la percepción de renta alguna, los trabajadores y los autónomos deben seguir afrontando todos estos gastos. La medida debe ser efectiva también desde el punto de vista temporal, ya que, cuanto más tarda en llegar más te hundes.

AUTÓNOMOS: Prestación extraordinaria por cese de actividad por fuerza mayor

Mon, 23 Mar 2020 17:52:36 GMT

Covid-19 o Coronavirus

El art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 establece este “pequeño respiro” para los autónomos afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la actual crisis sanitaria.

1. ¿Quiénes pueden beneficiarse de esta ayuda?

a) Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que hayan tenido que cerrar sus negocios (abiertos al público) para acatar las restricciones decretadas por el estado de alarma y que, además, no hayan podido ajustarse temporalmente al teletrabajo. Pensemos, por ejemplo, en cafeterías, restaurantes, hoteles, peluquerías y salones de belleza, ferreterías, tiendas físicas de ropa y otros pequeños comercios que no sean considerados de primera necesidad.

b) Trabajadores autónomos que, aun manteniendo sus negocios abiertos, acrediten que su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación haya disminuido, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

2. ¿Cuánto durará esta prestación?

Tendrá una duración de un mes , ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma , en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes.

3. ¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a la misma?

a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75%, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

4. ¿Qué cuantía se percibirá?

El importe de la prestación se determinará aplicando el 70% a la Base Reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el art. 339 de la Ley General de la Seguridad Social.

Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70% de la Base Mínima de Cotización en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

5. Además, hay que tener en cuenta que:

a) El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

b) La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

c) Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los mencionados requisitos.

Si desea tramitar esta prestación extraordinaria por cese de actividad por fuerza mayor o simplemente informarse de sus posibilidades, no dude en contactarnos.

Radares de tráfico: multas exceso de velocidad

Wed, 11 Dec 2019 18:29:59 GMT

Prueba de cargo: fotografía captada por cinemómetro

Este artículo tiene por objeto el análisis de la prueba de cargo apta para desvirtuar la presunción de inocencia en las infracciones por exceso de velocidad, la cual viene constituida por el resultado de la medición efectuada por el cinemómetro y la fotografía que lo acompaña.

El caso es el siguiente: un cinemómetro captó una fotografía, de frente, a una motocicleta que circulaba a una velocidad de 72 km/h, en un tramo de 50km/h (velocidad limitada por señal). Dicha instantánea resultó ser defectuosa, borrosa y con poca nitidez , pues, eran totalmente ilegibles los datos importantes del cinemómetro como son: el tipo de dispositivo empleado; el lugar, la fecha y hora de la captura; dirección del carril; la velocidad limitada; y, especialmente, el exceso que supuestamente realizó el denunciado o, en definitiva, cualquier otra circunstancia que pudiese influir en su defensa.

A pesar de ello, la DGT sancionó al conductor de la motocicleta, en base al “ especial valor probatorio que tiene la denuncia formulada por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia y control de la seguridad vial ”.

Es cierto que existe una presunción de veracidad de las denuncias de los agentes. Ahora bien, dicha presunción no puede ser considerada absoluta, sino que, cabe prueba en contrario y debe ponerse en relación con el caso concreto, pues no nos olvidemos que nos encontramos ante el uso de una potestad sancionadora. En este caso, resulta que el hecho denunciado por el agente es el de rebasar la velocidad máxima permitida, hecho que ha sido detectado por un "medio técnico"; toda vez que, sin esa prueba objetiva - f otografía capturada por el dispositivo o instrumento destinado a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor -, la simple denuncia del agente sería insuficiente para acreditar la comisión por parte del recurrente de la infracción imputada.

Por tanto, la única prueba de cargo válida para sustentar la comisión por el denunciado de la infracción imputada y, en definitiva, apta para desvirtuar su presunción de inocencia es la fotografía tomada por el radar . El hecho de que el agente haya parado al conductor para su identificación, no demuestra que, efectivamente, circulaba a una velocidad por encima de la máxima permitida; sino que, esos datos, referentes a la velocidad limitada y al exceso cometido, deben quedar reflejados en la propia fotografía y, además, deben ser perfectamente legibles.

Además de la motocicleta denunciada, en la referida instantánea aparecía otro vehículo, cuya matrícula era completamente ilegible, sin poder cerciorar de forma notoria cuál de ellos era el verdadero infractor.

Así lo entendió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Vigo en la sentencia núm. 324/2019, de 21 de octubre :

“ Por lo que atañe a las especificaciones técnicas de aparato cinemómetro utilizado, ha de tenerse en cuenta que resulta de aplicación la Orden ITC/3699/2006, de 22 de noviembre (pues se hallaba en vigor en la fecha en que se produjeron los hechos), por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos de motor .

En el apartado tercero, letra h) de su Anexo III se indica que a los cinemómetros instalados de forma fija y diseñados para operar bajo circunstancias donde no es posible la presencia continua del operador que vigile sus especificaciones de funcionamiento, para asegurar las mediciones, se exigirá, al menos, dos fotogramas del vehículo infractor tomados en diferentes instantes, a no ser que el instrumento sea capaz de detectar, seguir e identificar inequívocamente el objetivo durante todo el proceso de medición .

Pues bien, en el presente caso resulta una cuestión relevante que esa instantánea sirva de prueba y hay que decir que no puede constituir prueba de cargo, por la sencilla razón de su falta de nitidez . En la foto ampliada incorporada al expediente, no es dable afirmar sin género de dudas que la matrícula captada se corresponda con la del vehículo plasmado en la denuncia .

En el apartado b) mismo Anexo III se indica que los cinemómetros se conectarán a un dispositivo de filmación o registro fotográfico. La correspondencia del vehículo cuya velocidad se mide por el cinemómetro y la del vehículo que aparece en la filmación debe quedar asegurada. El vehículo cuya velocidad se mide deberá identificarse sin ambigüedad en la filmación . Ese presupuesto, como se ha indicado, está ausente en este supuesto. Se plantea la duda razonable de que la matrícula de la motocicleta sea efectivamente la de “__”, dada la falta de claridad de su contenido. Los datos referentes a la velocidad limitada y al exceso supuestamente cometido deben quedar reflejados en la propia fotografía y además debe ser perfectamente legible .

No es exigible ni del administrado ni del órgano judicial un ejercicio de fe acerca de la suposición de que aquél fuese precisamente el vehículo infractor y la fotografía que consta en el expediente sancionador no puede conformar prueba de cargo válida para la imposición de la sanción calificada.

En consecuencia, procede la íntegra estimación del recurso, al no haberse aportado por la Administración prueba de cargo suficiente para inculpar al demandante. ”

Por si fuera de su interés y para mayor ilustración, les proporcionamos el enlace para descargar la citada sentencia.

Nacionalidad española por residencia

Mon, 28 Oct 2019 12:04:23 GMT

Recurso contencioso-administrativo contra el silencio administrativo

Es bien sabido por todos que, la Dirección General de los Registros y del Notariado acumula cerca de 400.000 expedientes de nacionalidad sin resolver. Ello ha motivado a miles de solicitantes, cansados de esperar, a promover el referido recurso contencioso-administrativo contra el silencio administrativo.

¿Qué significa este recurso? ¿Qué requisitos hay que cumplir para interponerlo? ¿Cómo afecta al expediente de nacionalidad?

Todo empezó en el año 2015 con la puesta en marcha del denominado PIN ( Plan Intensivo de Tramitación de Expedientes de Nacionalidad ) para dar solución al inmenso atasco de solicitudes presentadas en formato papel por el antiguo procedimiento. El Ministerio de Justicia encomendó al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, la realización por medios electrónicos de las actividades destinadas a la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia.

Así pues, el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia estableció un periodo transitorio , que medió desde la entrada en vigor de este Real Decreto (08/11/2015) hasta el 30/06/2017 , durante el cual, los interesados podían escoger entre seguir presentando sus solicitudes en formato papel ante el Registro Civil correspondiente a sus domicilios o, presentarlas de forma telemática. Una vez finalizado dicho periodo transitorio, las solicitudes solamente podían presentarse a través de la correspondiente aplicación electrónica habilitada por el Ministerio de Justicia.

Lo fundamental de la regulación del referido Reglamento es, sin lugar a dudas, el plazo de resolución . No nos olvidemos que, una de las principales razones que motivaron su aprobación fue precisamente la de abreviar los interminables periodos de tramitación de los expedientes de nacionalidad española por residencia. Por ello, el artículo 11.3 del mencionado texto legal determina que “ El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados ”.

En otros términos, el dies a quo o fecha a partir de la cual ha de empezarse a contar el plazo de un año para la resolución del procedimiento queda fijado con la entrada de la solicitud en la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) . De modo que, no cabe duda alguna respecto de las solicitudes incoadas a través de la correspondiente aplicación telemática, pues, al generarse automáticamente un justificante de presentación con su respectivo número de registro, contaremos un año desde tal fecha. En cambio, las solicitudes presentadas todavía en formato papel ante el Registro Civil correspondiente al domicilio de los interesados (hasta 30/06/2017), tienen el inconveniente de que los documentos deben convertirse previamente a formato electrónico, lo cual significa que la entrada en la DGRN es posterior. Según las últimas noticias, todavía quedan expedientes presentados en formato papel durante los años 2015 y 2016, que no han sido digitalizados ni metadatados, lo cual implica que aún no disponen de número de registro ni, por tanto, de fecha de entrada en la DGRN.

En resumen, solamente se puede presentar el recurso contencioso-administrativo por silencio negativo si ha transcurrido un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la DGRN . Si presentaste tu solicitud en formato papel y aún no dispones de número de registro, no podrás recurrir, ya que aún no ha comenzado a contar el mencionado plazo de un año para la resolución del procedimiento. En cambio, si cumples con los requisitos generales y específicos previstos en el Código Civil para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y, además, ha transcurrido un año o más desde la fecha de entrada de la solicitud en la DGRN, puedes interponer el recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, a fin de agilizar la tramitación del procedimiento.

Interponemos este tipo de recurso a nivel nacional. Si deseas recibir más información al respecto, consúltenos sin compromiso.

Novedades normativas para la Renta 2018

Tue, 02 Apr 2019 14:28:38 GMT

1. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo .

Con efectos desde el 5 de julio de 2018, se aumentan los importes que minorarán los rendimientos netos del trabajo aumentándose asimismo la cuantía por debajo de la cual se aplicará esta reducción.

Esta reducción se aplicará a los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros.

Las nuevas cuantías de la reducción son las siguientes:

a. Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 euros: 5.565 euros anuales .

b. Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros menos el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros anuales .

2. Becas al estudio y de formación de investigadores .

Con efectos a partir de 1 de enero de 2018, se aumentan los importes exentos de las becas en las siguientes cuantías:

Con carácter general, 6.000 euros anuales.

Cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente, 18.000 euros anuales. Cuando se trate de estudios en el extranjero, 21.000 euros anuales.

Si el objeto de la beca es la realización de estudios de doctorado, hasta un importe máximo de 21.000 euros anuales si se cursan en España. Si se efectúan en el extranjero, hasta un importe máximo de 24.600 euros anuales.

3. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación .

Con efectos desde el 1 de enero de 2018, se incrementa el porcentaje de deducción al 30 por ciento (con anterioridad el porcentaje de deducción era el 20 por ciento) de las cantidades satisfechas en el período por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación que cumplan los requisitos. Además, l a base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales (la base máxima anterior era de 50.000 euros anuales) y estará formada por el valor de adquisición de las acciones y participaciones suscritas.

4. Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla .

Con efectos desde el 1 de enero de 2018, se eleva el porcentaje de la deducción al 60 por ciento (con anterioridad el porcentaje era el 50 por ciento).

5. Exención prestaciones maternidad/paternidad .

Por la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, se modifica la LIRPF para declarar expresamente exentas con efectos desde el 30 de diciembre de 2018 y para ejercicios anteriores no prescritos, las prestaciones públicas por maternidad y paternidad satisfechas por la Seguridad Social .

Las prestaciones por maternidad o paternidad reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas a dicho régimen .

Para los empleados públicos encuadrados en un régimen de la Seguridad Social que no de derecho a percibir la prestación a que se refiere el párrafo anterior, estará exenta la retribución percibida durante los permisos por parto, adopción o guarda y paternidad.

6. Deducción por maternidad .

Con efectos desde 1 de enero de 2018, se incrementa en 1.000 euros adicionales la deducción por maternidad cuando el contribuyente que tenga derecho a ésta satisfaga gastos de custodia en guardería o centros de educación infantil autorizados por hijo menor de tres años .

No obstante, en el ejercicio en el que el hijo menor cumpla tres años, este incremento puede ser de aplicación respecto de los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior en que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.

7. Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo .

Con efectos desde 5 de julio de 2018, se incrementa el importe de la deducción por familias numerosas hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según corresponda.

Con efectos desde 5 de julio de 2018, se incluye un nuevo supuesto al que será aplicable la deducción: por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad , siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros ni genere el derecho a las deducciones previstas en las letras c) y d) del número 1 del artículo 81 bis de la LIRPF (descendiente con discapacidad o ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo), hasta 1.200 euros anuales.

En el período impositivo 2018, estas deducciones se determinarán tomando en consideración sólo meses de agosto a diciembre.

8. Obligación de declarar .

Con efectos desde el 1 de enero de 2018 :

Dentro del límite conjunto excluyente de la obligación de declarar previsto en el artículo 96.2.c) de la LIRPF para las rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado previsto de 1.000 euros anuales, se incluyen también las demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley (5 de julio de 2018):

El límite excluyente de la obligación de declarar en el caso de percibir rendimientos del trabajo previstos en el artículo 96.3 de la LIRPF (procedan de más de un pagador salvo las excepciones señaladas, pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas, el pagador no esté obligado a retener o sean rendimientos sujetos a tipo fijo de retención) se eleva a 14.000 euros (con anterioridad el límite era de 12.000 euros).

Régimen aplicable en 2018: No obstante, en el ejercicio 2018, el límite de 14.000 euros señalado en el párrafo anterior será de 12.643 euros, salvo que el impuesto se hubiera devengado antes del 5 de julio de 2018 en cuyo caso el límite será de 12.000 euros.

9. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo .

Con efectos desde 1 de enero 2018 se introduce una nueva deducción sobre la cuota a favor de aquellos contribuyentes cuyos restantes miembros de la unidad familiar residan en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, lo que les impide presentar declaración conjunta. Mediante esta deducción se equipara la cuota a pagar a la que hubiera sido soportada en el caso de que todos los miembros de la unidad familiar hubieran sido resientes fiscales en España.

Fechas Clave:

*Fuente: www.agenciatributaria.es *

Exceso de velocidad: margen de error del cinemómetro.

Wed, 20 Feb 2019 18:13:51 GMT

La reciente Sentencia núm. 17/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Pontevedra, de 22 de enero (rec. 105/2018) arroja luz sobre la controvertida cuestión referente a la aplicación del margen de error a la velocidad detectada por los radares .

A fin de tratar correctamente este tema, debemos tomar como punto de partida el cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad (recogido en el Anexo IV del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial):

Pues bien, como todos sospechábamos, el cinemómetro no realiza una medición exacta de la velocidad del vehículo , sino que tiene un margen de error bastante amplio, que el Ministerio de Industria reconoce expresamente en la Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor . En concreto, en el Anexo III de la citada normativa se establecen los errores máximos permitidos (EMP), los cuales deben tenerse en cuenta por la DGT, a la hora de sancionar infracciones por exceso de velocidad.

Según el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Pontevedra, “ debe corregirse en cada caso la velocidad detectada por el radar, aplicando a la baja el índice máximo de error admisible según la mencionada Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre (Si la velocidad del vehículo detectada por el cinemómetro es igual o inferior a 100 km/h, deben restársele 5 km/h si la medición la realizó en posición estática o en 7 km/h si la efectuó desde vehículo en movimiento; si la velocidad supera los 100 km/h se aplicarán, respectivamente, los porcentajes del 5 o del 7%). ”

Por tanto:

Para entender mejor la aplicación de estos márgenes de error, vamos a tomar como ejemplo el supuesto de la referenciada sentencia:

El conductor fue “cazado” con un radar móvil a 82km/h en una zona de 50km/h. Ello implicaría una multa de 400 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir.

No obstante, aplicando el margen de error, que en este caso es de 7km/h, obtenemos la velocidad “real” de 75km/h. En cuanto a la sanción, la diferencia es considerable, pues se le impondría una multa de 300 euros y la pérdida de tan sólo 2 puntos del carnet de conducir. Adicionalmente, en el supuesto enjuiciado, se le ofreció al sancionado la posibilidad de descuento del 50% por pronto pago por la cantidad correcta.

Como pueden ver, el tema tiene especial relevancia, sobre todo, si necesitan recuperar parte de los puntos perdidos, o el propio carnet de conducir o, incluso, evitar la aplicación del artículo 379.1 del Código Penal: " El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 60 km/h en vía urbana o en 80km/h en vía interurbana a la permitida reglamentariamente , será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años ." Es decir, no es lo mismo una sanción administrativa, aunque conlleve pérdida de puntos, que una sanción penal por delito contra la Seguridad Vial.

¿Qué recursos podría interponer y cuáles son los plazos para ello? En primer término, dispone de un plazo de 20 días naturales (contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación por el interesado, o, en el caso de que no haya podido notificarse, desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico) para presentar escrito de alegaciones o para proponer/aportar pruebas . Asimismo, cuenta con un plazo de 1 mes (contado desde el día siguiente al de la recepción de la notificación por el interesado, o, en el caso de que no haya podido notificarse, desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico) para interponer recurso de reposición . Por último, en caso de resolución expresa o tácita del recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses " contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 6 meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto " (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

¿Le han multado recientemente por exceso de velocidad? Consulte con nosotros, sin compromiso, las posibilidades de recurrir la sanción impuesta.

Las comisiones por reclamación de descubierto en el punto de mira

Wed, 06 Feb 2019 15:22:50 GMT

¿Alguna vez, tu banco te ha cobrado comisiones por reclamación de descubierto o números rojos? ¿Sabías que son ilegales?

Según el Banco de España, “ el descubierto en cuenta corriente supone, en la práctica bancaria, una facilidad crediticia concedida por las entidades para permitir que se atiendan pagos autorizados contra las cuentas de sus clientes por encima de los saldos contables de estas, por lo que, salvo pacto expreso en contrario, son aquellas y no estos las que deciden si se adeuda en cuenta una determinada partida, a pesar de que el saldo no sea suficiente ”.

En otras palabras, las comisiones por descubierto o por reclamación de cuota impagada “ tienen por objeto la recuperación de los costes que debe soportar la entidad como consecuencia de las reclamaciones necesarias para la recuperación de dichos saldos ”.

Una vez admitida por la entidad la apertura del descubierto, está en su legítimo derecho de exigir el pago de los intereses y de las comisiones estipulados en el contrato de la cuenta corriente para saldos deudores , con las limitaciones establecidas por la ley.

Así, en cuanto a los intereses , la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo prevé, en su artículo 20.4, que “ en ningún caso podrá aplicarse a los créditos que se concedan en forma de descubiertos un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero ”.

Por lo que respecta a las comisiones (en general), el artículo 3.1 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios dispone que: “ Las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes. Sólo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos . ”

En otros términos, la citada normativa establece como principio básico la libertad para la fijación de comisiones ; si bien, impone dos requisitos generales para que resulte procedente su cobro (extraído de la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, 2007):

Uno de carácter formal: que se recojan en el contrato y/o en un folleto de tarifas redactado de forma clara, concreta y fácilmente comprensible .

Otro de carácter material: que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos .

Por tanto, el origen de estas comisiones no es otro que las situaciones de descubierto, es decir, la falta de saldo en cuenta a la hora de atender un cargo, el retraso en el abono de una cuota o la devolución de un pago. No obstante, dichas situaciones de descubierto no autorizan al banco para que adeude comisiones en las cuentas corrientes de los clientes, de forma automática y sin justificación alguna.

El cobro estas comisiones por reclamación de descubierto se torna ilegal , precisamente porque el devengo de las mismas no responde a servicios efectivamente prestados que hubieran sido aceptados o solicitados en firme por el cliente .

Entiende el Banco de España que la aplicación automática de estas comisiones , “ tan pronto como se produce una situación de demora no constituye una buena práctica bancaria, sino que las entidades deben tener en cuenta las circunstancias particulares de cada impagado y de cada cliente, analizar en cada caso la procedencia de llevar a cabo la reclamación y acreditar que efectivamente han realizado gestiones encaminadas al recobro ; en suma, una reclamación realizada sin tener en cuenta esas circunstancias particulares nunca podría calificarse como una gestión necesaria e individualizada que ampare la repercusión de la comisión ”.

Es decir, en esta materia rige el principio de realidad del servicio remunerado , ya que, en otro caso, habría que pensar que se trata de una imposición arbitraria y, por ende, carente de causa. Ello desplaza sobre la entidad financiera la necesidad de probar cuáles son esos gastos habidos y potencialmente repercutibles , pero ello con indicación concreta de su concepto, cuantía, fecha, etc. sin que a estos efectos valga alusión genérica o pacto alguno de inversión de la citada prueba (SAP de Alicante núm. 496/2004, de 22 de diciembre).

Por último, hay que advertir que, dependiendo de la entidad bancaria, estas comisiones reciben unas u otras denominaciones, tales como: gastos reclamación saldo deudor, reclamación de posiciones deudoras, “REG.AP.DESCUBIERTO”, “SERV.APERT. DESCUB.”, “PRECIO IMPAG. TARJ.”, “RECLAM.DESCOB.”, reclamación deuda vencida, reclamación deuda impagada, reclamación de cuota impagada, etc.

Otra comisión carente de causa y, por tanto, reclamable es la denominada “ Liquidación del Contrato ”, pues no responde a ningún servicio prestado, ni se pacta expresamente con el banco, tal y como exige el Banco de España.

¿Te encuentras en alguna de estas situaciones? Te ayudaré a recuperar todas las comisiones indebidamente cobradas. Consúltame sin compromiso.

¿Pueden las motos zigzaguear entre los coches?

183:723512203 (Andreea Iasmina Mateias) — Tue, 17 Apr 2018 17:28:28 GMT

¿Cómo deben adelantar las motos dentro y fuera de poblado?

La regla general de cómo se tienen que realizar los adelantamientos la encontramos en el artículo 33.1 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: “ En todas las carreteras, como norma general, el adelantamiento debe efectuarse por la izquierda del vehículo que se pretenda adelantar”. Del mismo modo se pronuncia el artículo 82.1 del Reglamento General de Circulación: “ En todas las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, como norma general, el adelantamiento deberá efectuarse por la izquierda del vehículo que se pretende adelantar .”

¿Y qué pasa con las motos? ¿Existe alguna norma específica acerca de cómo deben adelantar? Sí, efectivamente, el artículo 85.5 del Reglamento General de Circulación establece lo siguiente: “ El conductor de un vehículo de dos ruedas que pretenda adelantar fuera de poblado a otro cualquiera lo hará de forma que entre aquél y las partes más salientes del vehículo que adelanta quede un espacio no inferior a 1,50 metros.” He aquí la respuesta. Fuera de poblado, las motos no pueden zigzaguear entre los coches , sino que tienen que adelantar como cualquier otro vehículo, es decir, por la izquierda, pero respetando además una separación lateral mínima de 1,50 metros.

¿Y dentro de poblado? No hay una regulación específica al respeto, pero el artículo 85.4 del Reglamento General de Circulación prevé que: “ Cuando el adelantamiento se efectúe a cualquier otro vehículo distinto de los aludidos en el párrafo anterior, o tenga lugar en poblado, el conductor del vehículo que ha de adelantar dejará un margen lateral de seguridad proporcional a la velocidad y a la anchura y características de la calzada” . Por tanto, de la citada norma «deducimos» que con los coches parados el margen lateral de seguridad es muy pequeño, por lo que podríamos adelantar al no implicar riesgo o ser éste mínimo. No obstante, si los coches empiezan a moverse, ya no podríamos adelantar más posiciones, ya que estaríamos realizando adelantamientos prohibidos. En resumen, entendemos que dentro de poblado no está prohibido adelantar posiciones entre los coches, siempre y cuando éstos estén parados y se respete un margen lateral adecuado a fin de no poner en peligro a los demás usuarios de la vía . Por otra parte, queremos subrayar el hecho de que se trata de una mera interpretación de la normativa vigente, dicho de otro modo, lo que no está prohibido, está permitido, pero «con matices». Los agentes de tráfico suelen ser bastante permisivos en este sentido, pues imagínense en horas punta de congestión o tráfico denso, de lo que se trata es que la circulación sea más fluida. En cualquier caso, lo que no se puede es adelantar alegremente por la derecha, izquierda, con los demás vehículos en movimiento o de cualquier manera, poniendo en peligro a los demás conductores o viandantes.

Otra razón por la cual pensamos que estos adelantamientos de los motoristas están permitidos es precisamente por la implantación, en muchas ciudades de nuestro país, de las zonas ZAM (zona avanzada para motos). Se trata de una línea de detención adelantada que permite que las motos se posicionen en los semáforos delante del resto de vehículos a motor, mejorando así las condiciones de visibilidad y garantizándoles un inicio de marcha sin interferencias del tráfico.

Por último, mencionar también que Vigo es la ciudad española pionera en instalar un carril exclusivo para motocicletas, diseñado específicamente para adelantar a los coches en los semáforos. La iniciativa es buena, lo que ocurre es que, en muchas ocasiones, ese carril no es respetado por los demás vehículos a motor.

Indemnización de 10.000 € a una consumidora, ex clienta de Vodafone, que había sido incluida en registros de morosos

183:723512203 (Andreea Iasmina Mateias) — Tue, 10 Apr 2018 11:15:11 GMT

Protección de datos de carácter personal. Derecho al honor.

Es muy habitual que las compañías de telefonía cedan sus créditos a empresas de reclamación de deudas para que sean éstas las que traten de cobrarlos. El modus operandi de estas entidades consiste, básicamente, en enviar una carta certificada requiriendo de pago al deudor, advirtiéndole de que será incluido en registros de morosos si no procede a saldar la deuda. Pero, lo cierto es que, no en pocas ocasiones, se ha podido probar que las deudas cedidas eran falsas o injustificadas, lo cual significa que esas empresas de reclamación de deudas no se cercioran, en ningún momento, de la veracidad de los créditos. En este sentido, el Tribunal Supremo entiende que se vulnera el derecho al honor cuando se incluyen en ficheros de morosos a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda” .

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO núm. 174/2018, de 23 de marzo (Recurso de Casación 3166/2017)

Antecedentes del caso:

Dña. Valentina firmó un contrato de telefonía con la empresa Vodafone en abril de 2011. Desde el principio de su relación contractual se produjeron irregularidades en la facturación emitida por Vodafone, que la consumidora comunicó a la operadora de telefonía, de modo que ésta fue emitiendo diversas facturas rectificativas en las que eliminaba cargos indebidos.

Dña. Valentina, no satisfecha con la actuación de Vodafone, se dio de baja en el servicio en agosto de 2012. Tras esta baja, Vodafone le giró varias facturas, en las que se incluían cantidades correspondientes a penalizaciones . Dña. Valentina sólo pagó parte de estas facturas, por no estar conforme con su importe total.

Vodafone cedió a Sierra Capital Management 2012, S.L. (en lo sucesivo, Sierra Capital), empresa de reclamación de deudas, un crédito de 297,80 euros que afirmaba tener frente a Dña. Valentina . Sierra Capital remitió a Dña. Valentina en julio de 2013 una carta en la que le comunicaba la cesión del crédito, le reclamaba el pago de 297,80 euros y le advertía que si no efectuaba el pago en el plazo de diez días incluiría sus datos en un registro de morosos . Dña. Valentina sólo pagó la cantidad de 97,80 euros por no estar conforme con las penalizaciones que se le pretendían cobrar.

Sierra Capital comunicó los datos de la afectada a dos ficheros de datos sobre solvencia patrimonial, Equifax, en agosto de 2013, y Experian, en octubre de 2015, por una deuda de 200 euros . Estos ficheros comunicaron estos datos a varias entidades crediticias. En junio de 2015, Dña. Valentina solicitó una tarjeta de crédito en Banco Popular y le fue denegada por estar incluida en un fichero de morosos.

Dña. Valentina interpuso demanda contra Sierra Capital, pues consideró que la inclusión de sus datos en esos registros de morosos no fue lícita y vulneró su derecho al honor , por lo que solicitó que se condenara a Sierra Capital a indemnizarle en 10.000 euros.

Pronunciamiento del Tribunal Supremo :

El Tribunal Supremo ha establecido una extensa jurisprudencia sobre la vulneración del derecho al honor , destacando que “no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio . Para que concurra esta circunstancia en la deuda, que excluya la justificación de la inclusión de los datos personales en el registro de morosos, basta con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza. ”

“ Si la deuda es objeto de controversia, porque el titular de los datos considera legítimamente que no debe lo que se le reclama, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado . Por ello sólo es pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda ”.

El Supremo también pone de manifiesto que “ la inclusión en los registros de morosos no puede ser utilizada por las grandes empresas para buscar obtener el cobro de las cantidades que estiman pertinentes, amparándose en el temor al descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y a la denegación del acceso al sistema crediticio que supone aparecer en un fichero de morosos, evitando con tal práctica los gastos que conllevaría la iniciación del correspondiente procedimiento judicial, muchas veces superior al importe de las deudas que reclaman» .” Por tanto, según el tribunal, acudir a este método de presión representa una intromisión ilegítima en el derecho al honor.

La inclusión de los datos personales de Dña. Valentina en los registros de morosos, cuando se habían producido reiteradas irregularidades en la facturación de sus servicios, que provocaron las protestas de la consumidora y la emisión de facturas rectificativas, y, en definitiva, determinaron la disconformidad de la clienta con el servicio prestado y con las facturas emitidas, puede interpretarse como una presión ilegítima para que la demandante pagara una deuda que había cuestionado, sin que existan datos que permitan considerar abusiva o manifiestamente infundada la conducta de la afectada.

Por último, y no por ello menos importante, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo advierte de que tampoco puede servir de excusa a Sierra Capital el hecho de que ella no sea la acreedora originaria y que la cedente (Vodafone) le haya asegurado la veracidad del crédito. Sierra Capital, antes de incluir los datos personales de la consumidora en dos registros de morosos, “ hubo de asegurarse de que se cumplieran los principios de calidad de datos de carácter personal, entre ellos los de veracidad y pertinencia de los datos ”.

En definitiva, lo que hay que tener muy claro siempre es que no todo vale y, tal y como se ha demostrado en este caso, prevalece el derecho al honor sobre la inclusión de datos personales en ficheros de morosos cuando se cuestiona la existencia o cuantía de las deudas reclamadas.